Documento para la transición es una reedición del decreto de Carmona

VICTOR HUGO MAJANO              
CIUDAD CCS

El documento que propone “un acuerdo nacional para la transición”, publicado el pasado 11 de febrero por Antonio Ledezma, Leopoldo López y María Corina Machado, es lo más parecido a una reedición del llamado “decreto Carmona” del 12 de abril de 2002.

Al menos en lo que respecta a las decisiones inmediatas en lo político e institucional las semejanzas son innegables, aunque el decreto del golpe de 2002, por razones obvias, es mucho más específico.

El documento, que según la denuncia del presidente venezolano, Nicolás Maduro sería una especie de clave para dar inicio a un plan de golpe militar con especial intervención de algunos pilotos del componente Aviación, está dividido en tres bloques que abordan lo político-institucional, lo “social” y lo económico.

El acuerdo se "parece igualito" al decreto de Carmona en abril de 2002
 
Gobierno en fase terminal

La propuesta parte de una serie de consideraciones y de datos  arbitrarios para concluir con la aseveración de que “el Gobierno de Maduro entró en fase terminal”.

 En ese sentido establece que el actual gobierno se corresponde con “un régimen ineficiente y corrupto que robó, regaló y despilfarró recursos públicos cuantiosos, con los cuales se hubiese podido impulsar el bienestar y el progreso de todos”.

De ese modo pretende definir la corrupción como el atributo fundamental del proceso transformador iniciado por presidente Hugo Chávez en 1999.

En la misma introducción descalifica moralmente a la dirección política de la Revolución y a uno de sus soportes fundamentales, como lo es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

A la primera la presenta como  “una élite sin escrúpulos de no más de cien personas” y a la segunda se refiere como parte de un “militarismo de cúpulas corruptas”.

De allí surge los dos puntales de la decretada “fase terminal”: que la economía está desvastada y que, en consecuencia, podría llevarnos  a una “emergencia humanitaria”.


Rescate de poderes

La agenda política está dirigida a la pretendida restitución de las ”libertades conculcadas, la soberanía, la paz social y el Estado de Derecho”, y como en el Carmonazo se proponen cosas como la libertad de los presos políticos  y el retorno de los exiliados.

Para ello dan como ciertos supuestos como que hay presos por sus ideas políticas y no por haber cometido delitos y que muchos de los autoexiliados son en realidad fugitivos de la justicia y que nadie los expulsó del país.

Sin embargo la esencia de la lista de buenos deseos leída por el abogado Daniel Romero se encuentra en la propuesta de restituir la autonomía de los órganos del Poder Público, lo cual incluye la designación de sus directivos (es decir, de otros y nuevos directivos) por las vías constitucionales.

Abogado Daniel Romero

No ofrecen detalles de cómo harían eso, pero cabría preguntarse ¿cómo lo harían con una AN en contra?

¿O acaso también, como aquella tarde de abril, decretarán la disolución del parlamento?

¿Y quien lo decretaría si la constitucionalidad se encuentra, según lo dicho, absolutamente cuestionada”? Probablemente sea otro gerente de la empresa privada designado al efecto.

En otro punto continúa el plan de restitución de otros espacios institucionales, entre los cuales está la figura de la descentralización y el ejercicio de los poderes regionales y locales.

Igual vale preguntarse como se realizaría eso si los gobernadores y alcaldes fueron electos hace poco más de un año y tienen por delante al menos otros tres años de ejercicio de sus mandatos.

¿O, como en el 2002, harán otro decreto para destituir a mandatarios regionales y locales?

Es que las palabras “restituir” y destituir” se parecen mucho.

Lo más curioso es que, a pesar de tantas “restituciones” sólo se plantean la realización de la elección presidencial  “en forma libre y absolutamente transparente.”


Restablecer el abastecimiento

La agenda social de los líderes opositores está en el segundo bloque de propuesta, y la exponen como mecanismo para enfrentar una supuesta “emergencia social”.

Y propone en primer lugar “restablecer a cortísimo plazo el abastecimiento normal de alimentos y otros bienes de consumo esencial”

No explican en ninguna parte como harán eso, pero lo dicen con tanta seguridad que parece que tienen la fórmula secreta.

¿Será acaso que saben como normalizar el abastecimiento porque se trata de una condición que sus aliados empresariales crearon?

Algo similar plantean con respecto  a la corrección de fallas de los servicios públicos. A pesar de que actualmente se adelantan programas con ese fin con la participación de los trabajadores de las mepresas y de las comunidades.

Desconocer esa gestión significa  que se facilitaría la contratación de modelos de servicio diseñados y operados por transnacionales.

Es decir se retornaría a un esquema privatizador con modalidades como concesiones y contratos de operación.

Algo similar podría ocurrir con los servicios de salud, ya que se plantea la existencia de fallas y deformaciones “en la gestión de la salud pública”.

Posiblemente esas deformaciones no sean otras que la creación de centros de diagnóstico con equipos de alta tecnología, la construcción de hospitales especializados y  la formación de casi 20 mil nuevos médicos en los últimos nueve años.


Producir más petróleo y eliminar los controles

La propuesta de transición de Ledezma, Leopoldo López y Maria Corina Machado si ofrece más precisiones al abordar el tema económico, ubicado en el tercer lugar de la agenda.

Eso incluye:

1.- Elevar significativamente la producción petrolera, lo cual iría a favorecer una caída más significativa del precio del crudo. También desean revisar los marcos legales de la industria, lo cual podría apuntar a autorizar mecanismos de inversión privada y venta de acciones y participaciones

2.- Volver a pedir crédito en los tradicionales circuitos financieros mundiales, con las condiciones habitualmente impuestas por el FMI que incluyen orientaciones neoliberales en economía.

3.- Restituir los llamados equilibrios macroeconómicos, que no otra cosa que favorecer al capital financiero y ofrecer las mejores condiciones al sector externo.

4.- Restablecer la autonomía del BCV, y asi evitar el uso óptimo de los ingresos en divisas que percibe el país.

5.- Reparar los daños presuntamente causados por expropiaciones arbitrarias, lo cual puede causar pérdidas patrimoniales a la Nación.

6.- Revisar el estado de todas las empresas no-petroleras en manos del Estado y decidir la forma de propiedad y gestión, lo que apuntaría a su privatización.

7.- Desmontar los controles de la economía y dejar todo bajo el control invisible del mercado, es decir de la especulación.


Despolarizar el país y despolitizar la FANB

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es uno de los objetivos esenciales de la propuesta empresarial y derechista.

Por eso se propone nítidamente desvincularla de toda actividad político-partidista. Se trata de tener una organización al directo servicio de los intereses de la burguesía, como tradicionalmente han funcionado las fuerzas militares: ejércitos privados investidos de la autoridad del Estado.

Con la Revolución Bolivariana esa visión de la FANB al servicio de los poderosos se modificó y comenzó a actuar en defensa de los intereses del pueblo.

Por otro lado el plan prevé abrir un proceso de despolarización política y de reconciliación nacional.

Una buena pregunta es por que esperar una transición para despolarizar y reconciliar al país. ¿Acaso eso no debe comenzar desde ahora?

No debe olvidarse que esa “salida transicional” pudiera ser parte de un intenso conflicto que potenciaría la polarización.

 ¿Entonces por que intentar acabar con las posturas de los polos?
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