Se trata de la Universidad Santa María, ubicada en el municipio Sucre del estado Miranda, en el área metropolitana de Caracas, adonde Delgado dice asistir en sus perfiles de redes sociales. Además la joven declara ser modelo profesional y productora nacional independiente, una figura creada por la legislación de medios radioeléctricos que busca promover el talento nacional.
Maggiola Delgado fue aprehendida el pasado miércoles 29 de abril en su residencia ubicada en la urbanizacion de clase alta Prados del Este, en jurisdicción del municipio Baruta de Miranda, perteneciente al área de la Gran Caracas.
En la audiencia de presentación judicial, los fiscales 82° nacionales auxiliares, Norbelis Briceño y Sergio Correira, imputaron a la mujer por la presunta comisión de los delitos de trata de personas y asociación para delinquir, previstos y sancionados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, según una nota de prensa del Ministerio Público.
De acuerdo con los elementos de convicción presentados por las representantes del Ministerio Público, el Tribunal 1º de Control con competencia en materia de Violencia contra la Mujer del área metropolitana de Caracas, dictó medida privativa de libertad contra Delgado Piña y fijó como sitio de reclusión el Instituto Nacional de Orientación Femenina, ubicado en el estado Miranda.
Según la investigación preliminar, la mujer de 27 años vivía en el sector Palo Verde, situado en el municipio Sucre, donde un vecino le comentó que una amiga de él tenía un negocio dedicado a la prostitución, a través del cual podía ganar mucho dinero.
Posteriormente, la joven (Delgado Piña) se puso en contacto con la mujer y le propuso que se fuera a Santiago de Chile a trabajar en el mencionado oficio, por el que percibiría de 5 a 10 mil dólares mensuales.
En ese momento, la víctima aceptó la oferta, sin embargo, luego se arrepintió pero empezó a recibir amenazas de muerte y el 07 de marzo de este año la obligaron a viajar a Chile.
Una vez en el lugar, la mujer fue explotada sexualmente; así como a vivir en condiciones infrahumanas, pues no le daban comida ni dinero.
Posteriormente, las autoridades chilenas realizaron un procedimiento policial, a través del cual lograron rescatar a la víctima, por lo que después de trámites diplomáticos fue repatriada a Venezuela el 17 de abril de este año.
Las labores de investigación fueron coordinadas por los fiscales del caso y ejecutadas por funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana.
De acuerdo con medios chilenos en el caso se vieron afectadas al menos seis mujeres venezolanas que eran explotadas sexualmente en el área del municipio de clase alta Las Condes, en Santiago de Chile.
Por el caso, cuyos detalles se divulgaron a mediados de abril, están procesados dos ciudadanos chilenos, María Antonieta Nuñez Santos y Rodolfo Nicanor García, quienes fueron acusados por el delito de trata de personas, que conlleva una pena de entre 5 y 15 años de cárcel.
En Venezuela ese delito conlleva una pena de entre 20 y 25 años de prisión y cuando se trate de niñas o mujeres la sanción puede elevarse hasta el tope de 30 años.
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