Y aunque formalmente la patronal no tiene ningún parlamentario en la Asamblea Nacional venezolana y mucho menos entre los militantes del partido de gobierno y sus aliados, esta vez no tuvo problema en presentar su propuesta legislativa, aprobada hace 20 días en su 71º Asamblea Anual realizada en Barquisimeto.
De acuerdo con la nota de prensa institucional en encuentro "la patronal de las empresas privadas presentó una agenda legislativa que busca regular las relaciones entre los factores productivos del país."
“Es una reunión para compartir hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos entre los sectores público y privado. Uno de los aspectos importantes que vamos a comenzar a trabajar es una agenda legislativa que presentamos al país en nuestra pasada asamblea”, enfatizó Francisco Martínez, el nuevo lider de los empresarios, desde la AN.
Martínez relató que dicha agenda busca construir un marco legal que permita regular las relaciones entre los factores productivos. Una vez que la propuesta esté lista, procederán a entregarla formalmente al presidente de la República.
Precios justos en la mira
Lo que no dijo Martìnez, y mucho menos su anfitrión, el diputado Elvis Amoroso, es que uno de los principales puntos de esa agenda legislativa es la modificación urgente de la Ley de Costos y Precios Justos, una normativa implantada en 2011 y que le pone un tope a los márgenes de ganancias de las empresas y define unos parámetros para calcular los costos.
Sin embargo el gremio empresarial venezolano considera que la ley, que reconoce una utilidad de 30 por ciento sobre los costos, "ocasiona retardo regulatorio e incertidumbre, y por ende desestimula la producción, lo que se traduce en el empeoramiento de los problemas de inflación y escasez."
Las objeciones a la ley está contenidas en una sección denominada "Regulaciones que garanticen el desarrollo de la producción", e incluye una crítica al régimen de inversiones extranjeras por "que actualmente genera un trato discriminatorio a las inversiones extranjeras versus las inversiones locales" (sic, copiado textualmente)
Ley del trabajo que no sacrifique la productividad
Otro de los aspectos medulares de la agenda legislativa es la propuesta de volver a discutir la novísima Ley Orgánica del Proceso Social del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, promulgada el 30 de abril de 2012 por el presidente Hugo Chávez.
La legislación introdujo reformas en el régimen de trabajo relacionadas fundamentalmente con una reducción de la jornada labora, mayor estabilidad, un nuevo sistema de cálculo prestacional e innovaciones como licencias de maternidad más extensas y la introducción de las de paternidad.
Asimismo en la reducción de la jornada se incluyó el establecimiento de un descanso obligatorio de dos días por semana, lo que implica el disfrute de esos días libres entre semana y la prohibición de que se sustituya el asueto con algún pago.
Esta serie de reformas es considerado por el sector empresarial como un desestimulo y un atentado a la productividad, por lo que desde el momento de la promulgación han esgrimido como imperativo una reversión de esos beneficios como condición para reactivar los niveles de producción de la economía venezolana.
"Una legislación laboral debe ser equilibrada para poder ser efectiva, así que la Ley Orgánica del Trabajo, sus reglamentos, y las normas de seguridad social, deben ser el resultado del debate nacional.", precisa el documento de los patronos.
La propuesta parlamentaria no deja nada para suposiciones, pues establece nìtidamente " reformas específicas a nuestro marco regulatorio".
Esto incluye devolver la llamada autonomía del Banco Central, que fue severamente cuestionada por su carácter monetarista por el fallecido presidente Chávez, y quien desarrolló mecanismos de política fiscal y monetaria alternativos como los fondos de inversión.
Asimismo el desmontaje de regulaciones como las cambiarias y las de mercado de capitales, asi como la simplificación y eliminación de controles y trámites.
En el encuentro participó el alcalde de Puerto Cabello, Rafael Lacava, aunque no quedó claro en que carácter intervino.
Más empresarios en la AN
En la tarde el mismo jefe parlamentario recibió a un grupo de empresarios entre los que destacaba el presidente de la transnacional de alimentos Nestlé.
"En el encuentro también estuvieron presentes el presidente de Cámara venezolana de la industria de alimentos (Cavidea), Juvenal Arvelaez; el presidente ejecutivo de Nestlé, Fausto Costa; el director de Alimentos Polar, Manuel Felipe Larrazábal y Eduardo Salinas, vicepresidente del canal Venevisión", precisó un avance de la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN).
Lea la propuesta de los empresarios para la nueva Asamblea Nacional
Principios de una propuesta de agenda legislativa
Los empresarios hemos propuesto una agenda de desarrollo basada en el diálogo y el reconocimiento de nuestra realidad social. En nuestro compromiso con Venezuela planteamos los lineamientos para avanzar hacia el crecimiento alrededor de tres consensos fundamentales: la necesidad de crear confianza para la inversión y el emprendimiento, la necesidad de eliminar los obstáculos que hoy enfrenta la producción nacional, y la necesidad de apoyar la iniciativa de los venezolanos estableciendo prioridades claras para la inversión pública y para la promoción de la inversión privada. Ahora nos planteamos darle una traducción a estos compromisos, proponiendo reformas específicas a nuestro marco regulatorio. Considerando lo urgente que es dar un cambio de dirección a nuestra economía, proponemos especialmente a nuestra Asamblea Nacional, hacer las reformas que nos conducirán al fortalecimiento de nuestro aparato productivo y la generación de bienestar. Las reformas deben seguir dos principios fundamentales: una actuación balanceada, justa y predecible de la ley; y la eliminación de obstáculos.
Una actuación balanceada, justa y predecible de la ley y las instituciones. Construir el entorno de confianza que necesita Venezuela, implica que cada norma que integra nuestro marco regulatorio, desde una ley orgánica hasta el más simple de los procesos administrativos, debe:
1. Resultar del diálogo y establecer espacios para la cooperación. Cuando todos los actores involucrados tienen oportunidad de participar en la elaboración de una norma, se encuentran las mejores alternativas para la solución de los problemas.
2. Promover la transparencia y la probidad en la administración pública. Mientras más intrincados son los procesos burocráticos y hay menos mecanismos de contraloría y rendición de cuentas, decisiones como conceder un permiso, expropiar una empresa o privar de libertad a un trabajador se vuelven más dependientes de la voluntad de un funcionario. Esto incentiva la ineficiencia y la corrupción. Las regulaciones deben establecer formas efectivas de hacer rendir cuentas a todos los actores ante la ley.
3. Aplicarse a todos por igual. Conceder un registro o un permiso, debe depender exclusivamente del cumplimiento de condiciones técnicas y legales, no de la posición política de ninguna de las partes, ni de los intereses personales de algún funcionario.
Reducir obstáculos es crear soluciones. Actualmente, quienes desean emprender e invertir deben hacer frente a trámites que se duplican, procedimientos incompletos, o incluso que se contradicen. Las leyes y normas deben ayudar a resolver problemas, no crear unos nuevos, por ello necesitamos:
1. Reglas sencillas y que no se dupliquen. Más que aprobar leyes para la simplificación de trámites, se requieren acciones reales: eliminación de trámites innecesarios, implementación de taquillas únicas, sistemas inteligentes, pero sobre todo, la voluntad de aplicar este principio en todas las actuaciones de la administración pública.
2. Orientar, no controlar la economía. Actualmente el Estado no solo participa directamente en la producción de bienes y servicios, sino que supervisa fuertemente la actividad privada. El Ejecutivo tiene más facultades para controlar la economía, mientras se han cerrado espacios para el trabajo en equipo y el diálogo. Los resultados tangibles de implementar estos controles han sido la ineficiencia y la merma de la confianza.
3. Considerar las particularidades de sectores y organizaciones. Las leyes que definen los deberes de las personas, empresas y organizaciones, deben tomar en cuenta que se necesitan regulaciones particulares para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento de cada tipo de iniciativa.
4. Resolver los conflictos de forma eficaz y justa. Los trámites que deben cumplir las personas y organizaciones no deberían implicar años de espera. A su vez, las decisiones del Ejecutivo sobre asuntos como estos no deberían ser discrecionales y sujetas a la voluntad de algún funcionario, sino siempre apegadas a la justicia.
Las reformas transversales prioritarias
Existen cinco áreas prioritarias de acción en la agenda legislativa para crear el entorno adecuado para la construcción de confianza y un ambiente que favorezca el bienestar de todos los venezolanos:
• La estabilidad macroeconómica. Para que en Venezuela exista un clima de confianza para el emprendimiento y la inversión, es fundamental que el comportamiento de variables como el crecimiento, el valor de la moneda y particularmente la inflación, sea previsible. Pero más allá de eso, la estabilidad macroeconómica es fundamental para que el crecimiento sea duradero. Cualquier política que busque reducir la pobreza, promover la innovación, la educación, el empleo o incrementar el bienestar social, sería poco perdurable sin esta condición. Algunas normas que se deben modificar para contribuir a la estabilidad macroeconómica son: el Presupuesto Nacional, para garantizar que el gasto público se ejecute de manera organizada, eficiente y transparente; la Ley del Banco Central, para fortalecer su autonomía, tal que cumpla con ser garante de la estabilidad de precios; los Convenios cambiarios, para que obtener divisas no sea un proceso burocrático y arbitrario, sino una transacción fundamentada en las necesidades y la fortaleza de cada uno de los sectores de la economía.
• Regulaciones que garanticen el desarrollo de la producción. Tratar de centralizar en el Estado la toma de todas las decisiones económicas, es una tarea que en la práctica -en el mundo, y a través de la historia- se ha demostrado no solo imposible, sino también causante del deterioro del aparato productivo y del bienestar de la población. Las normas no deben atentar contra la sostenibilidad de la producción, y algunas de las que es más urgente modificar en este sentido son: la Ley de costos y precios justos, que ocasiona retardo regulatorio e incertidumbre, y por ende desestimula la producción, lo que se traduce en el empeoramiento de los problemas de inflación y escasez; la Reforma del sistema judicial, para que los procesos judiciales sean más efectivos y rápidos; el Régimen de inversiones extranjeras, que actualmente genera un trato discriminatorio a las inversiones extranjeras versus las inversiones locales; la Ley antimonopolio, que debería estar bajo los parámetros de la promoción de la competencia y la productividad; la regulación en mercado de capitales, que debe incentivar la financiación de empresas y proyectos de inversión; y la Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos, pues la existencia de varios tipos de cambio ocasiona muy importantes distorsiones financieras, contables y fiscales.
• Un sistema tributario eficiente. Los impuestos que recauda el Estado le permiten ejecutar sus programas, proyectos e inversiones, pero son también una carga para las personas y las empresas. Cuando los procesos de pago son engorrosos, la carga fiscal es muy alta o se modifican continuamente los pagos que se deben hacer, el marco tributario se convierte en un desincentivo a la inversión. En Venezuela se necesita llevar a cabo un proceso de armonización fiscal, que revise y ordene los impuestos nacionales, estatales y municipales, a los que se suman las más de 20 contribuciones y aportes parafiscales, afectando la competitividad de las empresas. Se deben revisar el Código Orgánico Tributario (COT), la Ley del Impuesto Sobre La Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y las Contribuciones Parafiscales. Estas normas tributarias deben garantizar el derecho a la defensa de los contribuyentes, simplificar y aclarar los procesos de pagos y retenciones, y asimismo, permitir y aclarar los posibles mecanismos de incentivo a la producción local y la exportación.
• Empleo digno. Las regulaciones laborales deben proteger a los trabajadores sin sacrificar la productividad de las empresas y su posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo. El empleo digno no se trata solo de la permanencia de un trabajador en un puesto, sino que comprende sus posibilidades de crecimiento, y el aumento de los beneficios y remuneración de acuerdo a su esfuerzo. El Estado debe promover la capacitación, la recuperación de la institucionalidad sindical e impulsar la seguridad social. Una legislación laboral debe ser equilibrada para poder ser efectiva, así que la Ley Orgánica del Trabajo, sus reglamentos, y las normas de seguridad social, deben ser el resultado del debate nacional.
• Reducción de la burocracia y simplificación de trámites. Eliminar obstáculos a la producción pasa por eliminar trámites que en nada contribuyen con el bienestar de la población. Una norma debe revisarse –para ser modificada o eliminada- cuando: el trámite no tiene propósito claro para los objetivos del Estado; la regulación es obsoleta o no tiene utilidad futura; hay duplicidades o contradicciones; tiene fallas de diseño, tal que no se puede aplicar efectivamente; no genera valor agregado; el trámite genera información poco relevante para el Estado; o la regulación va en contra de la elección del consumidor o las necesidades del mercado.
Las reformas sectoriales prioritarias
Debemos frenar el deterioro y promover la reactivación de aquellos sectores que están más vinculados a las dificultades que actualmente perjudican más al bienestar, y además constituyen las mayores fuentes de generación de empleo y tienen capacidad de impulsar el desarrollo de otros sectores en cadena: el sector agropecuario, la construcción, la manufactura, el comercio, el turismo, los seguros y la banca.
Reiteramos nuestro compromiso con Venezuela
Como empresarios, reiteramos nuestra disposición a trabajar por el bienestar de los venezolanos. Por eso asumimos la responsabilidad de señalar que las reformas que contribuirán al fortalecimiento de nuestra economía. Esperamos que nuestros reguladores tengan la voluntad necesaria para hacer los cambios más urgentes. La oportunidad está a nuestro alcance.
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