La existencia de un nuevo gobierno, producto de un golpe de Estado, es la premisa que subyace en la conversación entre el empresario Lorenzo Mendoza y el economista Ricardo Hausmann, revelada la noche del miércoles en el programa de televisión Con El Mazo Dando, que conduce el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
En el audio, correspondiente a una llamada telefónica, el jefe de Empresas Polar y el exministro del paquete neoliberal del expresidente Carlos Andrés Pérez, se refieren, como si fuera un hecho cumplido, a la negociación de un plan de ajustes macroeconómicos entre el Fondo Monetario Internacional y las autoridades de Venezuela en materia económica.
Eso no sería posible con un gobierno como el del presidente Nicolás Maduro, que ha dejado muy claro que no recurrirá a las “recetas” del FMI para manejar los efectos de la prolongada caída del precio del petróleo.
Y mucho menos usaría a Hausmann, un reconocido antirrevolucionario, para diseñar y negociar la propuesta de ajustes con el organismo multilateral.
Eso sólo ocurriría con otra jefatura de Estado y un cambio de ese tipo en el corto plazo que se plantea en el diálogo, únicamente se registraría producto de una intervención inconstitucional como un golpe de Estado.
En el cuarto comentario de Hausmann se confirma la tesis del golpe o de la intervención internacional, cuando relata su encuentro con el director del FMI para el hemisferio occidental, el mexicano Alejandro Garner, y dice que le planteó como hacer que recibiera una llamada del presidente estadounidense, Barack Obama, o del mandatario francés, Francois Hollande, como parte de las coordinaciones para las actuaciones de las grandes potencias.
Por otro lado el monto propuesto, que podría superar los 60 mil millones de dólares (incluido un potencial aporte de la CAF), es significativo ya que equivale a más de 10% del Producto Interno Bruto de 2014, y al triple de las reservas internacionales.
Una primera conclusión es que la profundidad de los ajustes sería tal que se requiere cubrir unos costos inmensos.
Según la clásica receta neoliberal, entre esos ajustes estarían una reforma laboral regresiva, que contemplaría la flexibilización y el abaratamiento de los despidos, el aumento de la jornada laboral y la eliminación de licencias y asuetos. Esto implicaría la necesidad de cancelar indemnizaciones lo que demandaría importantes recursos financieros.
Asimismo sería ineludible una liberación del tipo de cambio y en consecuencia una macrodevaluación que sólo podría ser contenida “quemando” divisas según los “requerimientos” del mercado. Para ello también se necesitarán sumas gigantescas de dinero.
Aparejado a esto sería necesario liberar los precios, incluyendo el costo del dinero, es decir, la tasa de interés. Y además se eliminarían las regulaciones y subsidios de alimentos y bienes básicos, incluidos los combustibles.
Ese proceso exige recursos para ofrecer subsidios directos a sectores vulnerables de la población por un corto período de tiempo.
En contrapartida, y para poder devolver esos recursos, la nación deberá reprivatizar las empresas que fueron nacionalizadas o puestas bajo operación de los trabajadores o de productores como los campesinos, en el caso de la tierra.
Eso incluye las empresas de servicios básicos, y una parte del sector de salud y educación. Y obviamente la estatal de energía Pdvsa y sus actividades relacionadas.
En todo caso la frase inicial de Mendoza no deja ninguna duda: “yo estoy en guerra”.
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