Los cinco “falsos positivos” de la guerra económica en Venezuela

La burguesía comercial en Venezuela no sólo ha impulsado la escasez y el caos en el comercio sino que viene atribuyendo las responsabilidades a la sociedad y al Estado, usando métodos similares a los de la oligarquía colombiana en el combate antinsurgente



VICTOR HUGO MAJANO
CUATRO F

El empresariado comercial-importador venezolano ha desarrollado a lo largo de este año un conjunto de mecanismos destinados a evadir su responsabilidad sobre la escasez inducida y la caotización del comercio, promovida desde 2013 en el contexto de la llamada “guerra económica”.

Se trata de mecanismos que transfieren a otros sectores sociales o a procesos irregulares, provocados por las propias acciones de las empresas comerciales, la culpa de la escasez y de las dificultades para tener acceso a los bienes y servicios esenciales, tal y como se puede comprobar por medio del análisis.

Estos mecanismos pueden ser comparados con los procedimientos desarrollados por la fuerza pública colombiana para involucrar a personas inocentes en hechos delictivos vinculados con la lucha antisubversiva o contra el tráfico de drogas, y que son conocidos con el término de “falso positivo”.

El uso de la figura del “falso positivo” tuvo su mayor auge a partir de 2008, durante el gobierno del expresidente Alvaro Uribe Vélez, siendo su ministro de Defensa el actual mandatario, Juan Manuel Santo, e incluye tanto el asesinato de civiles, que eran presentados como combatientes guerrilleros, como la manipulación de investigaciones judiciales para involucrar en actos delictivos a líderes políticos, sociales y a periodistas, y desviar la atención sobre los verdaderos responsables.

En el caso de Venezuela, las organizaciones gremiales del comercio, los medios de difusión y las propias empresas han presentado sistemáticamente un conjunto de “falsos positivos” que en cierta medida les ha permitido ocultar sus responsabilidades y achacarla a la sociedad y al Estado.

Valga acotar que la “guerra económica”, declarada por esos factores productivos, tiene como propósito recuperar los recursos de carácter petrolero que históricamente quedaban en su poder, y que a partir del gobierno de Hugo Chávez comenzaron a ser transferidos a la sociedad a través de los servicios de educación, salud, transporte y subsidios a los alimentos y bienes básicos.

Una rápida revisión de la evolución de la guerra económica permite identificar al menos cinco “falsos positivos” clave:

1) Las colas: como consecuencia de las restricciones a la oferta, determinadas por las cadenas de distribución, desde finales del 2014, se presentó el fenómeno de las colas en los establecimientos comerciales. Sin embargo, lo que es producto de la actuación empresarial, comenzó a ser presentado como expresión del fracaso del modelo impulsado por la Revolución Bolivariana, y en consecuencia se generaron actuaciones destinadas a “controlar las colas” e incluso a criminalizar a quienes las hacían. Eso ha incluido la implantación de mecanismos como el maltrato a los consumidores por personal de seguridad, la ubicación de las filas bajo el sol o expuestas a condiciones ambientales hostiles y hasta la prohibición de hacer colas en determinados lugares u horarios. Paradójicamente, el gran beneficiado por la cola es el circuito comercial, ya que se trata de la creación de una demanda compulsiva que permite acelerar la circulación de las mercancías y reducir el ciclo, lo que se traduce en una baja de costos de operación y en la aceleración del retorno de la inversión.

2) El bachaqueo: la misma restricción de la oferta y el caos fomentado por los establecimientos comerciales, especialmente cadenas de supermercados y tiendas, fomentó el surgimiento del llamado “bachaqueo”, el cual consiste en la compra para la reventa de productos básicos para cuya adquisición se requiere la realización de enormes colas. El consumidor promedio normalmente se ve en grandes dificultades para someterse a esas condiciones impuestas deliberadamente por los comercios, por lo que puede verse obligado a pagar los sobreprecios que decidan imponer quienes descubrieron (en clara complicidad con el comercio) que había un mercado para su actividad especulativa. Lo contradictorio es que quienes optaron por dedicarse a esa actividad, que beneficia esencialmente al comercio, también se convierten en los “culpables” de la escasez y de las dificultades para adquirir los productos, desviando la atención sobre la real responsabilidad. Incluso, han logrado que parte de los recursos de supervisión y control del Estado, se hayan orientado a perseguirlos en lugar de concentrarse en los grandes circuitos de distribución que determinan la aparición de este tipo de fenómeno.

3) Las compras “nerviosas”: obviamente la sistemática “incapacidad” del comercio para abastecer en forma estable al consumidor provoca comportamientos individuales destinados a aumentar los volúmenes de compra. Pero, ademas, es común que los propios establecimientos fomenten la venta de más unidades que las requeridas por el consumidor: se “obliga” a llevar un “combo” con, por ejemplo, seis kilos de azucar y cuatro de arroz, aunque es probable que esas cantidades no sean consumida antes de la siguiente compra. Y luego se culpa de la escasez a las “compras nerviosas” impulsadas por los comerciantes y por el clima de alarma que fomentan los medios y los voceros de las empresas importadoras-distribuidoras.

4) El “ausentismo” laboral: desde la reducción de la jornada laboral, contemplada en la Ley del Trabajo, promulgada en abril del 2012 por el presidente Chávez, las grandes empresas venezolanas comenzaron a atribuir su baja productividad al “ausentismo” laboral. Pero no se trata de que los trabajadores no cumplen con sus obligaciones, sino que las horas de descanso o los días de asueto (cuando se cumple jornadas en sábado o domingo) son calificadas como “ausentismo”.


5) Los controles del Estado: y la favorita de la burguesía es justamente atribuirle la culpa de su baja productividad programada a los controles del Estado. Especialmente lo hacen con respecto al control de los precios, materia que desde el 2011 está regulada por la ley de Precios Justos, que le otorga a los importadores y productores un margen de ganancia del 30 por ciento. Constantemente los voceros empresariales advierten sobre la ausencia de un producto a menos que se autoricen “ajustes” de su precio. Y ese “falso positivo” ha sido tan eficaz que en noviembre del 2014 la Sundde (Superintendencia de Precios Justos) aprobó la providencia 057/2014 que define que el “precio de venta justo: es aquel fijado para el usuario o la usuaria final por: (...) 2.- El productor o importador...”. Esa norma les ha permitido no sólo aumentar los precios, con sus propios criterios contables, sino achacarle al Gobierno Bolivariano dicho incremento.
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