Con casi 3 millones de bolivares capturan a activistas de Voluntad Popular

Dos ciudadanos venezolanos fueron aprehendidos por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana acantonada en Apartaderos, estado Cojedes, luego de levantar serias sospechas al no lograr justificar casi tres millones de bolívares que trasladaban junto a material proselitista a favor del condenado Leopoldo López, quien fue sentenciado a casi 13 años de prisión por estar incurso en varios delitos originados a raíz de los actos violentos conocidos como “guarimbas”, que en el año 2014 causaron la muerte de 43 personas y lesionado seriamente a casi un millar.

El cargamento de billetes decomisados por las autoridades
El operativo en el que fueron detenidos los dos hombres, se produjo el domingo 19 de junio durante la revisión de unidades particulares y de transporte público en horas de la noche en el destacamento 321 del Comando de Zona de la GNB-32, ubicado en la citada localidad de los llanos centrales venezolanos, distante de Caracas, 309 kilómetros.

Francisco Márquez Lara (30) y Miguel San Gabriel Rodríguez (24), son las identidades de los miembros de la pareja sorprendida por los uniformados que levantaron el procedimiento en el vehículo marca Mitsubishi.

Márquez y Rodríguez son militantes del partido ultraderechista Voluntad Popular, liderado por López.

Gabriel San Miguel y Francisco Márquez Lara

El general de Brigada Miguel Ángel Fraino Arellano, comandante de zona, declaró que durante el procedimiento fueron incautadas dos cajas contentivas de dos millones 900 mil bolívares en billetes de la denominación de 100, junto “a cuatro talonarios de 150 folios cada uno, identificados con el logo del partido político Voluntad Popular y la MUD, 170 volantes con la imagen de Leopoldo López, con un mensaje de fecha de 20 de junio y la etiqueta #Libertad”, indica un boletín de prensa emanado por la GNB de la entidad, que cita el portal www.noticiasdevenezuela.org.

Al presumirse que los recursos serían empleados “para financiar alteraciones de orden público o actos vandálicos”,  se continuó con la revisión “de dos computadores portátiles y los teléfonos celulares, donde se hallaron pruebas de interés criminalístico, permitiendo que la investigación avanzara” para luego solicitar apoyo “a los efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) Cojedes, quienes afirmaron que ambos jóvenes están asociados con el financiamiento del terrorismo”, explica el despacho.

“El dinero sería utilizado para financiar alteraciones de orden público o actos vandálicos”, precisó asimismo la información.

Las sospechas sobre ambos personajes surgieron al ser interrogados sobre el origen del dinero, toda vez que indicaron que el mismo era para la adquisición de una motocicleta, para posteriormente cambiar “la versión (…) lo que generó suspicacia en los guardias nacionales”.

Ricardo Márquez y María Lara de Márquez, progenitores de Francisco Márquez Lara, rechazaron la detención de su hijo y su copartidario, argumentando que “su misión, como activistas políticos, creyente en la democracia y la paz social, era apoyar al movimiento de la unidad y su partido Voluntad Popular (VP) en el proceso de confirmación de las firmas para el referéndum revocatorio”.

En la misiva, publicada en http://www.analitica.com, además de repudiar la acción oficial, agradecen “todo el apoyo y solidaridad de amigos, instituciones y grupos”, que dicen haber recibido, sin referirse en ningún momento a la gruesa cifra incautada a los jóvenes.

La ONG Human Rigth Watch (HRW), abiertamente contraria al gobierno venezolano emitió un comunicado –en su cuenta @HRW_Venezuela en el que expresa “profunda preocupación” por el dueto, y afirmando que no existe información oficial sobre los motivos de la detención, no obstante los datos suministrados por la GNB.

Admite que los hombres recibieron la visita de un abogado de Voluntad Popular y que son empleados al servicio de la alcaldía de El Hatillo, estado Miranda, bajo control de esa agrupación política en la figura de David Smolansky.

La jurisdicción de la que son trabajadores, se encuentra a 300 kilómetros del sitio en que se produjo el procedimiento.
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