Desde 2018 Ysmel Serrano había sido señalado de participar en fraude comercial a PDVSA

Fraude en PDVSA involucra funcionarios actuales y otros despedidos tras sabotaje en 2002

Un funcionario de PDVSA, que promovió el sabotaje contra la industria a finales de 2002, fue quien diseñó el esquema de fraude en el negocio de compra y venta de crudo y sus derivados en el que aparece involucrado el

actual vicepresidente de la estatal petrolera Ysmel Serrano.



El fraude ha motivado una demanda por parte de la corporación energética contra 22 compañías domiciliadas en el estado de Florida y y que pagaron comisiones a funcionarios de PDVSA para obtener información relacionada con los precios y disponibilidad de petróleo y sus derivados, tanto para la compra como para la venta.


Se trata de Leonardo Baquero Sánchez quién fue despedido de la industria en marzo del 2003 tras fracasar el paro contra el presidente Hugo Chávez por parte de sectores opositores.


Los artífices del paro petrolero de diciembre de 2002, (entre los que aparece Baquero) constituyeron -un mes antes de la protesta- la Fundación para la Venezuela Democrática del siglo XXI, ente con miras a sabotear la principal industria del país, según se desprende de un documento denominado Acta N° 3, Proyecto de Paro Petrolero, de fecha 22 de noviembre de 2002.


El documento está firmado por Mireya Ripanti de Amaya, Lino Juan Carrillo Urdaneta, Leonardo Baquero Sánchez, Horacio Medina Herrera y Julio Rodríguez Salas, reseñó Rebelión en 2006.



El libelo menciona tanto a Baquero como a otro operador comercial de PDVSA llamado Francisco Morillo, quienes en 2004 crearon en Panamá una empresa de nombre Helsinge Inc, según reseña un despacho de AP distribuida la noche del jueves con declaraciones del abogado David Boies, presidente del bufete Boies Schiller Flexner, que representa a la firma vinculada a PDVSA que acudió a la corte.


La demanda civil fue presentada el jueves ante un juez federal en Miami y alega que el plan en curso engañó a la empresa de propiedad estatal de miles de millones en ingresos perdidos desde 2004.


El abogado David Boies precisó que el esquema le costó a PDVSA 5 mil 200 millones ďe dólares en ganancias pérdidas, informó Bloomberg.


La compañía fue el conducto por el cual algunos de los principales clientes y proveedores de PDVSA supuestamente obtuvieron información privilegiada sobre las licitaciones de PDVSA para la venta de sus exportaciones de petróleo, así como la compra del crudo liviano con el que Venezuela refina su crudo pesado, reseña AP.


Entre otras actividades ilícitas, un supuestamente “servidor de clonación” fue instalado en las oficinas de Helsinge en Miami por un administrador de TI de PDVSA identificado como Luis Liendo y apodado “el Nerd” para dar acceso en tiempo real a intermediarios y sus clientes a información sobre licitaciones competidoras y futuras licitaciones, según se puede leer en la demanda.


A cambio del adelanto y otras ventajas injustas, Helsinge, que no estaba autorizada a realizar transacciones directamente con PDVSA, supuestamente cobró comisiones mensuales de las compañías petroleras internacionales de $ 15,000 a $ 150,000 más una compensación adicional de hasta $ 0.22 por barril de producto petrolífero comprado o vendido

Parte de ese dinero fue pagado por compañías panameñas en forma de sobornos a cuatro gerentes de PDVSA, uno de los cuales, Ysmael Serrano, actualmente dirige el departamento comercial y de suministros de la compañía, según la demanda. Serrano fue vicepresidente de Comercialización y Suministro desde febrero de 2017 y a finales del año asumió funciones como Vicepresidente Ejecutivo.


Los otros tres gerentes involucrados son Rene Hecker, Edgar García y Marco Malavé. Este último fue aprehendido en marzo de 2017 y enjuiciado por su presunta responsabilidad en una situación anómala que dejó sin combustible a Caracas durante varios días.


Actualmente la firma creada en Panamá tiene como directivos a Daniel Ricardo Lutz, un venezolano de 37 años, residenciado en el municipio El Hatillo de clase media y alta, ubicado en el sureste de Caracas. Este mismo hombre aparece como único administrador de Helsinge Holdings, una compañía creada en Miami en noviembre de 2014.


Daniel Ricardo Lutz está ligado con un grupo empresarial propietario de la agencia de publicidad AJL Park Publicidad que opera en Caracas y ocupa el puesto 25 en el ranking de la revista especializada Producto.


El documento presentado ante un juez de Florida menciona a firmas como Lukoil Petroleum Ltd, Colonial Oi1 Industries, Inc, Glencore Ltd, Vitol SA y Trafigura AG.


LaTabla recibió hace pocas semanas información precisa sobre el mecanismo de fraude que se desarrolla desde la vicepresidencia de comercialización y suministro de PDVSA.


La información indica que la unidad de comercialización postergaba la convocatoria a las compras o a las ofertas de venta de crudos y sus derivados con el fin de garantizar ventajas a las empresas asociadas las cuales habían apostado previamente embarcaciones en la cercanía de las costas venezolanas para poder atender la demanda de la industria.


Estos retrasos en la tramitación traían como consencuencia que PDVSA se veía obligada a aceptar ofertas de compra de crudo por debajo de su valor de mercado, ya que sólo el comprador que actuaba en complicidad podía cumplir con los plazos de despacho pues ya contaban con tanqueros anclados uy cerca de los terminales petroleros. De no descargarse oportunamente los tanques de almacenamiento se haria necesario detener la producción.


En el caso de las adquisiciones de gasolina, nafta y crudos livianos (estos dos últimos usados para diluir los crudos pesados) el retraso traia como consecuencia un sobreprecio, pues la industria se veía obligada a comprarle a los vendedores que tenían buques en las adyacencias de los complejos de distribución de combustibles y de los mejoradores de la Faja del Orinoco.


Obviamente estos vendedores incorporaban recargos a los precios de mercado ante la urgencia de no dejar al pais sin gasolina y de no detener el procesamiento de crudos pesados, que representa en este momento el 60 por ciento de la producción.


Estas maniobras, orientadas a justificar las compras con sobreprecio, han provocado varios episodios de falta de gasolina en el país como el que se registró en la región occidental en la víspera de la Navidad del 2017.






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