La norma finalmente aprobada reduce sustancialmente los efectos de la propuesta inicial considerada en mayo y promovida por un grupo de senadores encabezados por el demócrata Bob Meléndez, y la limita sólo a sanciones personales como bloqueo de cuentas y revocatoria de visas y documentos a funcionarios que participaron u ordenaron el control de la violencia callejera que sacudió a varias ciudades venezolanas a partir de 4 de febrero del 2014.
Además le pone un límite temporal a la aplicación de las sanciones, a saber el 31 de diciembre de 2016, tal como indica el documento que puede ser consultado en el repositorio de información legislativa THOMAS, de la Biblioteca del Congreso.
Asimismo la cámara alta del Congreso consideró como un motivo de "grave preocupación" el uso de la violencia "no provocada" por parte de manifestantes que intervenían en las protestas antigubernamentales que se iniciaron en Venezuela durante el mes de febrero de 2014, tal como lo expresa el punto 7 de la sección 3.
También se eliminó por completo la sección 6 dedicada a brindarle respaldo material a la llamada sociedad civil, la que incluía el plan para autorizar al Departamento de Estado la asignación de 15 millones de dólares durante el período fiscal 2015.
Estos recursos serían usados en forma directa o a través de organizaciones no-gubernamentales para apoyar los esfuerzos de los medios de comunicación de oposición (llamados independientes) para transmitir , distribuir y compartir información más allá de los limitados recursos disponibles, así como facilitar un acceso a Internet abierto y sin censura para el pueblo venezolano, según el plan inicial.
La no aprobación de esos fondos deja a muchas de las fundaciones y ONG, promovidas desde los partidos políticos de neoderecha, sin una fuente importante de recursos para continuar con sus actividades durante el venidero año.
Lea aquí la ley de sanciones a Venezuela
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