2) El Gobierno en aquel momento (inicio de la ofensiva), tras el intento de golpear la legitimidad de la elección presidencial, responde con soluciones propias de la lógica del capital, es decir importar más, aprobar más divisas y facilitar los trámites.
3) Una primera consecuencia es que se agrava el fraude en las operaciones de comercio exterior, por eso solo en 2013 la llamada burguesía comercial-importadora y financiera pudo haberse apropiado de al menos unos 20 mil millones de dólares.
4) En lo político y simbólico la consecuencia es que se posiciona la matriz de interpretación de que “ la culpa es de Maduro”: Cadivi no liquida los dólares, hay corrupción en el proceso de adjudicación de divisas y las empresas de maletín de los boliburgueses se robaron los dólares. Además se focaliza la campaña contra las empresas del Estado en las áreas de alimentos y bienes esenciales como las plantas de harina precocida de maíz, las de derivados lácteos Los Andes, cemento y la “famosa” fábrica de pañales Guayuco.
5) Al final del 2013 el Gobierno intenta una “ofensiva contra la guerra económica” a través de actuaciones de impacto comunicacional como fueron las intervenciones de grandes importadores como Daka y las tiendas Tijerazo, entre otros. Así se pretendió evidenciar el acaparamiento y demás maniobras ilegales para aumentar el precio de los productos, así como la manipulación cambiaria que les permitía obtener ganancias de hasta el 1000%. Es decir, se comenzaban a precisar los mecanismos de la “guerra económica” y a identificar a los responsables. Sin embargo la ofensiva no tuvo continuidad ni en lo político-comunicacional ni en lo micro-económico y mucho menos en lo judicial. Ninguno de los propietarios de las empresas intervenidas fue detenido, enjuiciado y/o sancionado penalmente. Ningún órgano de policía obedeció los distintos llamados presidenciales para aprehender a los empresarios comprometidos con las prácticas delictivas. Y ningún medio del Estado profundizó periodísticamente en tales actuaciones y en la vida de sus protagonistas.
6) Así para el 2014 el Gobierno queda atrapado entre la necesidad de tomar decisiones que garantizaran mayor control y restablecieran los equilibrios y el temor sobre las consecuencias políticas que pudieran provocar. En medio del dilema llegó febrero y comenzó la “guarimba”. Y de ahí se pasó a un ineludible escenario donde la prioridad era “lo político” y el camino era el “diálogo”. En ese proceso el protagonismo lo tomó el empresariado y los acuerdos logrados terminaron por apuntalar la matriz de que la culpa de la escasez era del Gobierno. El diálogo culminó con compromisos que obligaban al Estado a entregar más dólares, simplificar trámites y asumir la responsabilidad del caos impulsado desde los laboratorios de logística de las transnacionales de consumo masivo. Mientras que desde el sector privado, más allá de producir en genérico, no quedaba muy claro el alcance de sus obligaciones.
7) Luego, hacia el ultimo cuatrimestre del año, y tras un largo debate, nunca oficializado, sobre la orientación de la política económica, se volvieron a postergar las medidas de equilibrio (incluido el ajuste del precio de los combustibles). Tampoco se concretaron los controles biométricos y telemáticos sobre la distribución y comercialización de bienes esenciales, que venían siendo anunciados meses antes. El esfuerzo se orientó al control sobre el contrabando de extracción (alimentos, higiene personal y combustibles) y la circulación irregular de mercancías en el territorio nacional. Sin embargo para el cierre del año la escasez de leche completa, aceite comestible y margarina, azúcar, pañales de niños y adultos, detergente, jabones de ropa y corporal, champú para el cabello se había agudizado. Mientras se terminaba de instaurar la “cola” como mecanismo de venta compulsiva por día y hora de los distintos productos “escasos”. Asimismo continuó la escalada de la falta de medicamentos esenciales y para enfermedades crónicas. En contrapartida hubo disponibilidad plena de harina de maíz y de trigo, papel higiénico y productos de aseo bucal.
8) Un dato indispensable es que en los primeros 8 meses de 2014 se incrementó sustancialmente el monto de las divisas autorizadas a las más importantes empresas transnacionales importadoras/distribuidoras de bienes esenciales incluyendo medicamentos. Sin embargo sus productos han sido los más escasos en los meses subsiguientes. Por ejemplo la farmacéutica MSD recibió más del doble de lo asignado como promedio en años anteriores, y la de higiene personal y hogar P&G tres veces más que su media anual.
9) A poco más de 60 días de 2015 (cuando se hizo la primera parte de este análisis) no había elementos empíricos que indicaran una mejoría y estabilización de la disponibilidad de la gama de productos objeto de la “escasez programada”. Y en lo cuantificable no se había introducido ningún elemento de control tecnológico del consumo, tampoco se ha modificado la cadena logística de distribución y comercialización de alimentos procesados y bienes esenciales de producción industrial, y la de alimentos perecederos sin procesar tampoco ha incrementado la oferta. Asimismo los ajustes cambiarios no lograron unificar la tasa libre oficial y la preexistente tasa del mercado ilegal, que sigue siendo el marcador de precios. Eso ha implicado un significativo aumento de precios en rubros como comidas elaboradas de al menos el 20% en las últimas dos semanas.
10) En el plano de lo político y simbólico se había logrado posicionar sólidamente la matriz de interpretación que le asigna al gobierno de Maduro y a la corrupción (del período chavista en general) la responsabilidad de la situación de desabastecimiento y escasez. Eso había garantizado que las maniobras logísticas del empresariado comercial-importador no fueran visibilizadas por el ciudadano común. Incluso no eran fáciles de comprender por la población que simpatiza nítidamente con la propuesta revolucionaria. Esto se debe en gran medida a que no se ha identificado en forma explicita a los impulsores y ejecutores de la “guerra económica” o no se ha sido consistente en su confrontación judicial y comunicacional. (Recuerden el caso de distribuidora Herrera)
11) Mientras para los factores económicos y políticos contrarios al gobierno revolucionario, el principal punto de la agenda pública era (y sigue siendo) la cotidianidad económica, expresada en escasez fundamentalmente, los factores del chavismo han debido dedicar esfuerzos a desmontar la agenda del golpe y la conspiración. Esto se ha debido hacer en medio de restricciones legales (reserva procesal, debido proceso), institucionales, políticas y comunicacionales en virtud de la “fusión” entre gobierno y partido. Así lo económico adquiere cierto carácter apolítico y además incuestionable (un chavista y un opositor coincidirán sin mucha discusión en que la situación está muy difícil), lo que nunca será posible con un tema, como la conspiración, que por esencia es político.
12) El elemento cambiario ha sido fundamental en el desarrollo de la crisis, pero su impacto se ha profundizado en forma deliberada en el último año. Por una parte con el fin de apuntalar la rentabilidad del negocio del “contrabando de extración” a través de la depreciación del bolívar con base en una tasa Cúcuta impuesta por la burguesía del norte de Santander aliada con el paramilitarismo y con factores de poder nacional, tanto empresariales como políticos, Y por otra parte en la fijación de una tasa de la divisa estadounidense a través del portal web Dolar Today, con fin de mejorar el valor de los capitales que el narcotráfico colombiano intente legitimar.
13) Eso se ha traducido en un acelerado emprobecimiento, pérdida del poder adquisitivo y de la capacidad de ahorro de la población y descapitalización de las más pequeñas unidades de producción y comercialización.
14) Ese mercado ilegal (y criminal abiertamente) ha “dolarizado” por la vía de los hechos la economía nacional, y ha desatado un incremento de costos en forma incontenible, especialmente en mercados cuyos precios no son fijadas por el Estado. La escalada especulativa la han podido impulsar sistemáticamente los actores económicos usando como sustento legal la providencia 057/2014 de la Superintendencia de Precios Justos que le cedió a los importadores y a todos los componentes de la cadena de distribución y comercialización la atribución de determinar y fijar los precios de venta y especialmente el precio de venta al consumidor final.
15) El sector comercial-detallista ha logrado impedir todos los intentos para “normalizar” los procesos de distribución y comercialización de alimentos básicos y productos esenciales con el uso de mecanismos para acelerar la circulación de la mercancía y para incrementar las ganancias y reducir los gastos administrativos y de comercialización. Eso incluye la generación de picos de demanda por días (“hoy llega leche y mañana harina”), la optimización de las colas para eliminar los “daños colaterales” (las hacen fuera del local y usan puerta traseras y depósitos para no congestionar las otras áreas comerciales) y han creados los mecanismos de articulación orgánica con las mafias de distribuidores informales o “bachaqueros”.
16) Causan mucha alarma los reportes de este tipo de anomalías sin que se observe una actuación sistemática y ordenada de las autoridades para detener el uso abierto de esos mecanismos. En Zulia se habla de grupos con personal armado que se apoderan por la fuerza de los primeros 200 lugares de las colas, en Portuguesa de la venta en bodegas, tarantines y esquinas de productos básicos a precios paralelos o de bachaqueros, y en Bolívar de como en el mismo supermercado saqueado le vendieron dos días antes un cargamento de arroz a los llamados bachaqueros. Mientras, la información sobre la sanción (limpieza de calles vistiendo bragas naranja con la palabra infractor) que aplica el alcalde de Puerto Cabello a los bachequeros ha sido aplaudida masiva y unánimemente, y expresa el sentimiento del pueblo a favor del ejercicio de la autoridad.
17) Entretanto el gobierno nacional y el chavismo en su conjunto ha debido afrontar otros retos y temas de agenda pública que parecen haber desplazado lo económico y específicamente las acciones contra la “guerra económica”: entre otros la crisis con Guyana por el Esequibo, las elecciones parlamentarias y la situación de violencia paramilitar, entre otros.
18) Y aquí llegamos al punto crítico (eso decíamos en marzo): los actores del capital (el comercial-importador aliado con las transnacionales y sus socios políticos) parecen haber logrado consolidar la idea de que la crisis ha sido provocada por Maduro sino que también han “naturalizado” y convertido en “necesaria” una salida, es decir la salida del presidente. La forma no importa mucho, lo que importa (para ellos y para muchos convencidos en las últimas semanas a punta de colas y privaciones) es que mañana haya harina, pañales y jabón. Por lo tanto una “salida” de fuerza o al menos inconstitucional podría tener un importante respaldo “popular” o en todo caso no sería rechazada como debería.
19) Esta semana que cierra (sábado 1 de agosto), la “guerra económica”, que es la “guerra contra el pueblo” parece haber entrado en una fase superior, de inusitada agresividad. Los costos de la proteína animal se aproximan a los 1.500 bolívares en el caso de la carne vacuna, la de cerdo los 1.000, y la de pollo los 500 bolívares. Asimismo el cartón de huevos ya se monta sobre los 600 bolívares y la leche no se consigue. Mientras que los sustitutos como los granos o no están disponibles o su precio, como la caraota roja bordea los 1.000 bolívares el kilo. En el caso de los carbohidratos se mantiene la escasez generalizada de harina precocida de maíz, falta en forma absoluta la de trigo y el arroz se obtiene tras largas colas en forma eventual. En el caso del pan a base de trigo, elaborado en panaderías, se volvió a establecer la regulación de 1 o 2 panes por comprador. Y por razones estacionales algunos rubros de vegetales frescos han disparado sus precios. Todo esto en un contexto en el cual se han aprobado (o está previsto hacerlo) aumentos de pasajes urbanos de un 50 por ciento (de 10 a 15 bolívares), y se establecieron incrementos de hasta 250 por ciento en las matriculas de los colegios privados que son usados por una buena parte de los sectores “medios”.
20) Este escenario, con los nuevos elementos, plantea un reto extraordinario cuyo abordaje es impostergable, y en el cual se debe considerar:
- A. Una acción contundente del Estado (todos los poderes y las instancias) contra los mecanismos irregulares adoptados por el comercio al detal para “caotizar” la venta de alimentos y productos esenciales, especialmente el bachaqueo y a quienes lo auspician.
- B. Definir una nueva política de fijación de precios que preserve la competencia del Ejecutivo y la derogatoria inmediata de la providencia 057/2014 de la Superintendencia de Precios Justos.
- C. Promover una apertura para la creación de mercados alternativos para la distribución y comercialización masiva de alimentos frescos no industrializados, con precios competitivos, normativas sencillas y protección contra mafias o restricciones externas que puedan restringir su libre circulación o tender a la cartelización.
- D. Definir mecanismos para garantizar el acceso de los consumidores más vulnerables a los bienes que les son indispensables. Pañales sólo para los bebés (con su respectivo registro), leche para lactantes en un rango de edad, así como una dotación básica de proteína animal para niños y ancianos, entre otros.
- E. Definir una línea de garantía de carbohidratos para toda la población, por ejemplo arroz, y concentrar los esfuerzos y recursos en eso.
- F. Definir una linea de garantía de proteína vegetal (caraotas y frijoles) igualmente para toda la población, considerando que son rubros de ciclo corto.
- G. Identificar y denunciar sistemáticamente mercados dolarizados de insumos y respuestos que pueden afectar las estructuras de costos de procesos productivos esenciales.
- H. Desmontar en lo informativo el fenómeno del Bolivar Cúcuta y el Dolar Today como expresión de la criminalidad organizada y no como producto de un proceso económico real. Desde la sociedad exigir acciones de las instituciones para cercar a sus operadores.
- I. Ofrecer todo el respaldo requerido para que el Ministerio de Salud ponga en total operación el sistema de suministros de medicamentos (Siamed).
- J. Desde la sociedad promover una agenda con preeminencia de lo económico y de las opciones para manejar la crisis derivada de la guerra contra el pueblo: mecanismos de solidaridad y apoyo mutuo, alternativas de consumo, modo de procesar alimentos en forma nutritiva, intercambio de libros y ropa escolar, comercialización de productos domésticos, entre otros. Por supuesto, está lista es enumerativa y no exhaustiva y debe ser alimentada y desarrollada con los aportes de cada quien y desde las perspectivas, visiones y posibilidades que desde distintos actores sociales y productivos se puedan proponer.
La primera versión de estas notas se hizo el 7 de marzo de 2015 y fueron actualizadas el 1 de agosto. Esta versión es de uso libre y puede ser compartida, publicada, y utilizada para el combate en la “guerra económica”, “guerra contra el pueblo”. @vhmajano
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