Intentos “burgueses” para desmantelar el rentismo han fracasado rotundamente en Venezuela

Los más recientes intentos realizados en Venezuela para desmantelar el modelo “rentista”, altamente dependiente del ingreso petrolero, por la vía del  capitalismo y la apropiación privada de la riqueza nacional, han terminado en un rotundo fracaso. A tal punto que sus operadores políticos, como ocurrió con el expresidente Carlos Andrés Pérez, fueron procesados política y judicialmente, y condenados penalmente tras su derrocamiento por la vía parlamentaria.

Adicionalmente sectores de la burguesía que contribuyeron con tales planes y procesos fueron desplazados de sus posiciones de dominio, con enormes pérdidas patrimoniales y de acceso a mercados, situación que a la postre generó una masiva quiebra bancaria en el año 1994.




Vale destacar que tales procesos se han anclado argumentalmente en las tesis neoliberales de un Estado minimizado, y que tradicionalmente han sido respaldadas por sectores económicos políticamente identificados con posturas de derecha. Sin embargo, esos intentos han fracasado en la posibilidad de darle estabilidad a un modelo político caracterizado por el uso de la violencia y la
represión contra los sectores populares.

Estos intentos de superación del rentismo se alimentan en lo simbólico de la utopía de la restauración por medio de una especie de “príncipe heredero” del trono, por una parte, y por un sentido mercantil del ejercicio del poder, por el otro.

Ambos puntos son desarrollados en esta nota:
1) La utopía de la burguesía parasitaria venezolana es una “restauración” en la que el poder político, el control del aparato formal de gobierno, vuelva de manera directa a uno de sus herederos. Desde mediados de la década de los años ochenta comenzó a trazarse esa ruta, de la cual un hito fundamental es la publicación de un panfleto firmado por Marcel Granier, titulado La generación de relevo vs. El Estado Omnipotente. Y aunque Granier ni es heredero, solo consorte por su matrimonio con una de las reales heredera, ni tenía ninguna cualidad de relevista, lo cierto es que sus prédicas desde su programa Primer Plano, su recién adquirido El Diario de Caracas y el relanzamiento de sus emisoras de radio, fueron abonando el camino hacia un desmantelamiento del Estado que terminó por convertir en víctimas a sus propios verdugos.

El llamado paquete neoliberal, decretado por el presidente socialdemócrata, Carlos Andrés Pérez (1989-1993), fue impulsado como consecuencia inevitable de la descomposición de las finanzas públicas por la caída del precio del petróleo. El crudo se había derrumbado desde 1986 por debajo de los 15 dólares el barril, y para 1988 su promedio estuvo por debajo de los 14.

Al iniciar su mandato las reservas internacionales promediaban los 6 mil 600 millones de dólares, lo que representaba una caída del 50 por ciento con respecto a 1986. A tales condiciones macroeconómicas se agregaba la postura de tales sectores de la burguesía, profundamente conectados con el sector externo, que atribuían la situación a la existencia de un Estado hipertrofiado y populista que requería una reforma profunda para acotar su tamaño a través de liquidaciones y privatizaciones de empresa e instancias prestadoras de servicios y de transferencia de recursos a la población.

Ese plan, anclado en los modelos y respaldo del FMI y otros mecanismos multilaterales, incluyó la libre flotación del tipo de cambio, liberación de las tasas de interés, liberación de precios, aumento de las tarifas de los servicios públicos, una profunda apertura comercial y un agresivo programa de privatizaciones en agua, electricidad, telecomunicaciones, transporte aéreo, industrias básicas, entre otros.

A solo días de los anuncios estalló en Caracas y algunas ciudades cercanas una rebelión popular en rechazo a los ajustes de los precios del transporte público y de los alimentos básicos. Buena parte de los supermercados y comercios fueron arrasados por pobladores que no podían pagar los nuevos precios establecidos como parte del plan para reducir subsidios y achicar el Estado.

La paradoja, sumamente dramática, es una buena parte de esa burguesía que apoyaba el programa también fue arrasada en esa minimización del sector estatal y apertura comercial, como ocurrió con los más tradicionales grupos del sector "industrial" representados por las Empresas Mendoza (de Eugenio Mendoza, tío abuelo de Leopoldo López Mendoza) o por el Grupo Corimón, de Hans Neumann, por solo citar dos.

La crisis bancaria de 1994 no fue sino la formalización de ese proceso, que por cierto fue arbitrada por uno de los principales gestores de la oligarquía, Gustavo Roosen, tutor del entonces "principe" Lorenzo Mendoza Giménez y curador de su herencia en Polar.

Por otro lado, corresponde anotar que todos los grupos empresariales, incluido 1BC, operado por Granier, eran los principales beneficiarios de las prácticas de corrupción con las pretendían corporativamente controlar al gobierno y asaltar la Hacienda pública. 

La expresión más extrema de ese fenómeno fue el reconocimiento de la deuda comercial del sector privado por parte del Estado y su conversión en deuda pública, es decir, de todos los venezolanos. No es casualidad que hoy esa sea la principal demanda de Empresas Polar y sus apéndices gremiales Fedecamaras y
Cavidea.

Como tampoco es casualidad que hoy el principal vocero parlamentario de la derecha (Ramos Allup) sea el mismo que hace 23 años administró el plan para desalojar de Miraflores a Carlos Andrés Pérez sin ni siquiera agradecerle por los favores concedidos a la burguesía que él representaba (y sigue representando directamente).

Tampoco es casualidad que su grupo empresarial (Dayco), ligado a través de su matrimonio con una de las propietarias, haya sido beneficiado con contratos de obras públicas por la dirección política de entonces, y que hoy, a 17 años de Revolución Bolivariana, mantenga tantos o más negocios con el Estado que también pretende derribar.

Mientras que en la mediática y en lo simbólico, salvando las distancias tecnológicas, los contenidos y hasta su editores y autores son los mismos de hace 25 años. A falta de pueblo concreto la burguesía comercial-importadora (que importa y distribuye ideología o falsa conciencia como parte esencial de sus negocios) se fabrica un set y contrata actores para recrear y manipular las necesidades y demandas reales de la gente.

En aquellos años se inventaron, entre otros, una telenovela "populista" (mientras cuestionaban los subsidios neoliberales por "populistas") llamada "Por estas calles", que mostraba los sufrimientos del pueblo causados por los políticos de turno, incluido CAP, quien era enjuiciado por una falta presupuestaria exacerbada para exhibirlo como delito de peculado . Entretanto la responsabilidad del sector privado quedaba bien protegida.

Hoy, con redes sociales, rumores industrializados y piezas multimedia a la medida, han convertido las colas en busca de alimentos "racionados" por las corporaciones privadas, en la supuesta demostración del fracaso del "socialismo" y en la prueba de que "Maduro acabó con todo".

Asimismo es posible establecer paralelismos con procesos de criminalización exacerbada del adversario o de sus allegados. Uno de esos eventos fue el supuesto asalto de la casa del editor Rafael Poleo por el cual fue acusado el ex director de la DIM y hombre de confianza de CAP, el general Herminio Fuenmayor. Sin pretender defender al militar, con antecedentes y prácticas
cuestionables, el hecho siempre tuvo características de montaje para incriminar a Pérez y contribuir con su asesinato moral. Muy parecido todo a la operación que termino colocando como jefes del tráfico de drogas a dos familiares de la esposa del jefe del Estado.

Por otro lado, la venezolana es una burguesía con una práctica delincuencial muy cercana como base de su acumulación de riqueza, y en circunstancias de inestabilidad política recurre a este tipo de acciones tanto para proteger sus riquezas como para acrecentarlas.

En 1993 miembros de la burguesía caraqueña organizaron una serie de atentados con explosivos con el propósito de provocar caídas en los precios de las acciones de corporaciones que se cotizaban en la Bolsa de Valores de Caracas.

En esos hechos participo como una especie de planificador el empresario Thor Halvorssen, tío político de Leopoldo López Mendoza. Uno de los ataques ocurrió en el estacionamiento del centro comercial CCCT, con la voladura de un automóvil, y otro, en la recepción de la correspondencia de la Corte Suprema de Justicia, donde un sobre-bomba amputo la mano izquierda de un trabajador.

Esa es la épica que puede exhibir esta burguesía y sus operadores políticos, se siente orgullosa de la misma y, como se ha evidenciado en los años de la Revolución Bolivariana, está dispuesta a seguir utilizando como opción habitual.

2) Si la utopía de la capa dominante de la burguesía venezolana es la restauración total de su control del aparato de gobierno, su práctica política expresa el modo de ejercicio del poder en la empresa privada. Son meros acto mercantiles, como lo fue el del 12 de abril de 2002, con el fallido intento de entronización de Pedro Carmona.

Bastaba la lectura de un acta de asamblea de accionistas (que ni en las formas es un decreto) para tomar el poder, y para eso no es necesaria otra cosa que comprar las acciones.

Eso significa que la política deviene de ejercicio de ciudadanía (en el clásico Estado liberal) a un simple ejercicio de control del capital. Pudiera decirse, recordando a Mezsaros, que se trata de la expresión más acabada y extrema del "Estado del Capital".

Por eso la reacción tan hostil frente a la decisión del TSJ de ratificar la vigencia de la Emergencia Económica, decretada hace un mes por el gobierno bolivariano. Los operadores políticos (Ramos Allup y los otros directivos de la AN) esperaban que ese TSJ se alineara y respaldara a quienes se creen poseedores de la mayoría de las acciones, a menos que quieran enfrentarse con una "compra hostil" (take over).

Si desarrollamos la analogía con los sistemas de decisión empresarial, se puede advertir que mientras la AN sería la equivalencia a una asamblea de accionistas, el presidente Maduro sería un presidente ejecutivo de una corporación, cuya mayoría de acciones ha sido adquirido de forma hostil por otro grupo de inversionistas.

Por lo tanto, así lo concibe la lógica mercantil, ese presidente debe renunciar (esa sería la via corta y habitual en el mundo empresarial) o de lo contrario debe ser destituido por la asamblea bajo control accionario del comprador.
Cuando piden que Maduro renuncie no asumen que están impulsando un golpe de Estado, sino que es la única opción disponible como accionistas mayoritarios que se consideran.

Esa es la base de su discurso, del relato anticipatorio que escribe o cuenta desde el 5 de enero Ramos Allup. Él no se volvió loco, no esta violentando la ley, solo quiere que Maduro se vaya porque eso es normal cuando se adquiere una firma mercantil.

Y si no lo hace (y no lo va a hacer) entonces es absolutamente comprensible acusar al presidente de estar buscando que le den un golpe de Estado.
Lo de los seis meses no es más que una convención entre abogados mientras arreglan los papeles, convencen a un tribunal mercantil y llevan el documento a la notaria.

Pero si se pone muy cómico bastaría con llamar a "seguridad" y desalojarlo de su oficina, y después si quiere que demande. Por lo tanto, es evidente que un conjunto de acciones para develar ese plan y desenmascarar tal estrategia implica:

a) Repolitizar el ejercicio del poder, entendiendolo como accion participativa directa del pueblo sin mediadores ni gestores. Por tanto no es representativa ni corporativa.

b) "Realizar" el poder como accion ejecutada (pasado) o en ejecucion (gerundio). No con la promesa de una accion. Una promesa es una demostracion de que no se tiene el poder.

c) "Conocer" la practica del poder sobre la base de la precision y el acceso al dato preciso. Por lo tanto asumir que solo puede tener el poder quien conoce los procesos y las necesidades y expectativas de los actores, y

d) "Marcar" y desmoralizar al enemigo y confortar las propias fuerzas. Esta es la guerra que se libra en la mente de la gente, en sus expectativas y esperanzas. Por eso son habituales los mecanismos para desmoralizar, desencantar y desmovilizar, es decir, para provocar la pérdida de la esperanza y de la confianza. Por lo tanto es indispensable enfrentar uno a uno cada evento o dato que tenga ese propósito y así evitar los efectos desmoralizadores en nuestro lado. Y por otro lado confortar a nuestras fuerzas exhibiendo y reivindicando los logros de la gente, del pueblo con voz y poder, no de la gestión burocrática que convierte al pueblo en "fondo animado" o backing viviente
Publicar un comentario