Mientras sectores de la derecha española arremeten contra Venezuela y aseguran que en la Patria de Bolívar se violan los derechos humanos y se vive una dictadura, en el reino español 16 personas han fallecidos y otras 28 han resultados heridas en Catalunya por balas de goma y ningún policía ha sido condenado, esto de acuerdo con información publicada el 27 de mayo en el portal español El Diario.es.
Uno de los casos es el de Esther Quintana, quien perdió un ojo producto de un disparo de una bala de goma disparado por un policía en Catalunya, España, durante una manifestación en diciembre de 2012.
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| Ester Quintana, perdió su ojo izquierdo por un proyectil de goma |
La investigación permitió que dos mossos (policías) se sentaran en el banquillo de los acusados por primera vez en un caso de balas de goma. El tribunal ha terminado absolviéndoles al no poder determinar qué agente y qué arma policial le quitó, refirió el medio.
Además de Quintana, otras siete personas han perdido un ojo por culpa de las balas de goma en Catalunya desde el despliegue de los Mossos. d'Esquadra en 2005, agregó el medio de comunicación.
Migrantes víctimas de la agresión
Cerca de 400 personas intentaron entrar en suelo ceutí desde Marruecos en la madrugada del 6 de febrero de 2014, en las inmediaciones de la playa del Tarajall. Al menos 9 inmigrantes resultaron muertos por ahogamiento, aunque desde el principio se sospechó que podría haber más cuerpos sin aparecer. Posteriormente la cifra ascendió hasta 15 fallecidos. La Guardia Civil afirmó en un primer momento que no había tenido ninguna participación en los hechos, pero el goteo de testimonios publicados por eldiario.es hicieron cambiar la versión del minstro del interior, que acabó reconociendo que se había empleado material antidisturbios, reportó el 27 de mayo de este año Eldiario.es
Agentes de la Guardia Civil usaron pelotas de goma, entre otro tipo de material, y dispararon contra los inmigrantes una vez estos estaban en el agua, tanto desde tierra como desde un barco, agregó la fuente.
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| 15 migrantes murieron por acción de la Guardia Civil en la frontera con Marruecos |
De acuerdo con el portal, en octubre de 2015, una jueza acabó archivando la causa contra 16 guardias civiles acusados de mal uso de material antidisturbios.
Según un informe de la organización Stop Bales de Goma entre 1990 y 2009 un total de 22 personas fueron cegadas de un ojo por culpa de una bala de goma. A est cifra hay que sumar seis casos más ocurridos entre 2012 y 2014, refirió El Diario.es.
La mayoría de víctimas resultó herida cuando la policía intervino en manifestaciones laborales, sindicales o vecinales o celebraciones futbolísticas. Las únicas cuatro condenas judiciales que reseñó en un informe sobre balas de gomas el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo Catalán) no afectan a ningún agente, sino que obligan a las administraciones competentes en cada comunidad –Generalitat de Catalunya, Estado y Gobierno Vasco– a indemnizar a las víctimas.
En junio de 2011 la Comisión Europea advirtió a las policías de los estados español y portugués que debían dejar de usar los proyectiles de goma para finales de 2012, recordó eldiario.es.
Condenada por no investigar torturas
A finales del mes de mayo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó nuevamente a España por no investigar suficientemente las denuncias de supuestas torturas que han presentado tras su detención personas detenidas por pertenecer al entorno de ETA.
En este caso se deberá indemnizar con 23 mil 500 euros a un joven detenido en enero del año 2011 por su presunta integración en EKIN, el brazo político de la organización, publicó el 31 de mayo el diario español Púbico.es
Es la sexta vez que España es condenada por no investigar las denuncias de torturas.
Desde 2004 hasta 2014 en España habían sido denunciados 6 mil 621 casos de tortura o malos tratos policiales. Expertos apuntan que el Estado no toma las medidas necesarias para evitar o investigar estas malas prácticas, reseñó en febrero de 2015, el portal público.es .
En Venezuela se condena las agresiones policiales
En 2013 fue publicada en la Gaceta venezolana la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Desde su creación varios integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado han sido sancionados. A continuación varios casos.
En enero de 2015, Gelvis Franco Guzmán, Ricardo Arnoldo Zeón y Sergio Hernández Carrillo, tres efectivos del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), fueron privados de libertad tres efectivos del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), reseñó el Ministerio Público el 14 de enero del citado año en su página web.
En la audiencia de presentación, los fiscales 49º nacional y 7ª de de la referida jurisdicción, imputaron a los tres hombres por la comisión de los delitos de tortura, privación ilegítima de libertad y quebrantamiento de principios y convenios internacionales suscritos por la República. Tales delitos se encuentran previstos y sancionados en el Código Penal y la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
En febrero de 2015, el Ministerio Público logró condena de 18 años para tres Policía Nacional Bolivariana (PNB), Leonardo José Montilla Ramírez (22), Yerith Reinaldo López Sumoza (22) y Sócrates Jaime Salazar Pinto (23), quienes fueron responsables del trato cruel y las agresiones físicas y verbales contra un joven, en un hechoocurrido el 5 de abril de 2014 en las inmediaciones del Centro Comercial Lido, municipio Chacao del estado Miranda. Estos delitos se encuentran previsto en la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, y el Código Penal, respectivamente.
En mayo de 2014, el Ministerio Públicó logró el pase a juicio de tres efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Juan Carlos Zambrano (23), Yñaky Jean Piel (24) y Enderson Manuel Coronil (23), por presuntamente incurrir en trato cruel contra un joven de 28 años de edad, hecho ocurrido el 6 de marzo de 2014, en la avenida principal de Los Ruices, municipio Sucre del estado Miranda, refirió la Fiscalía en esa oportunidad en su portal.
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